Por lucha antinarco 530 militares dieron su vida

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Desde el 1 de diciembre de 2006, cuando el entonces Gobierno federal mandó a las Fuerzas Armadas a enfrentar al crimen organizado, hasta el 1 de noviembre de este año, han muerto 530 soldados en el combate contra la inseguridad; es decir, han fallecido en promedio cuatro militares por mes.

De acuerdo con una lista de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estos soldados perdieron la vida por diversos motivos: desde accidentes automovilísticos, agresiones con armas de fuego, accidentes aéreos, ejecuciones, descargas eléctricas, atropellados, caídas y arrastrados por la corriente de un río, entre otros.

Las principales entidades donde han muerto son en Tamaulipas, con 126; Sinaloa, 68; Michoacán, 58; Guerrero, 53; Chihuahua, 32; Jalisco, 25; Durango, 21; Veracruz, 19; Zacatecas, 17; Coahuila, 13; Oaxaca, 9, y Nayarit, 6.

Además, la dependencia informó —por medio de su oficina de transparencia— que, desde 2009 hasta el 18 de mayo de 2017, 412 mil 837 militares han acudido a diversos estados del país a realizar acciones en contra de la inseguridad.

Entre las tareas en las que participaron están las de resguardo a las instalaciones estratégicas, acciones de erradicación e intersección en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, apoyo a la seguridad pública, fortalecimiento de la identidad nacional, Servicio Militar Nacional y protección del medio ambiente y recursos naturales.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para expedir la Ley de Seguridad Interior, por lo que fue enviada al Senado para su análisis.

Con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, se aprobó la norma que establece que una vez que las Fuerzas Armadas intervengan en un territorio, por medio de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, estarán por no más de un año; sin embargo, se menciona que existe la posibilidad de que su permanencia se extienda.

La prórroga es mientras “subsista” la amenaza a la seguridad interior del país y que para que aplique el aplazamiento, debe contarse con el acuerdo del Presidente.

El Ejecutivo federal será quien tendrá la facultad de ordenar, por sí o a petición de las Legislaturas estatales, la intervención del Ejército y la Marina, para implementar acciones de seguridad en una entidad o zona geográfica específica.

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