Estos son los puntos que plantea la Ley de Austeridad Republicana

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La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó al pleno de este órgano legislativo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana, que tiene como fin la reducción de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos.

Pero, ¿qué es lo que implica esta propuesta?
La propuesta del grupo parlamentario de Morena incorpora la austeridad como “principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público”.

El documento subraya que “la austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado”, pues no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Asimismo, deja en claro que a Ley de Austeridad no afectará, suprimirá, disminuirá o restringirá programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y las leyes.

A continuación te dejamos los puntos que plantea:
Reducir el gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.
Incorporar a todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecerregímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como contratar -a cargo de recursos públicos- seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.
Evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.
Restringir a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.
Limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población, sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.
Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión.
Limitar el número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Además, se establecerán reglas para topar los gastos de hospedaje y alimentación del servidor público comisionado.
Establecer límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.
Se establece la prohibición expresa a pensiones de retiro de ex presidentes de nuestro país.
No se podrán constituir fideicomisos, ni fondos, mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación.

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